El plan del Cabañal ha sido uno de los temas más polémicos relativos a la Ciudad de Valencia en los últimos años. La negativa de la corporativa municipal a contar con la opinión ciudadana junto con la especulación urbanística ha hecho de este tema un conflicto que ha durado casi 20 años y el cual actualmente, aunque se piensa que está solucionado aún queda mucho por realizar. Para poder entender la evolución de los hechos realizaremos un orden cronológico.
El inicio lo encontramos el año 1993, cuando aún no podíamos hablar de la existencia de un conflicto. Dicho año se aprobó el DECRETO 57/1993 del 3 de mayo, por el Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico de Valencia, incluyendo en este gran parte del Barrio del Cabañal.
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El 24 de julio 1998, en un pleno municipal, el Partido Popular, haciendo valer su mayoría absoluta, aprueba el Proyecto de Prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar en contra de todas las fuerzas políticas de la oposición. Dicho proyecto iba también en contra del BIC, ya que suponía la destrucción de miles de viviendas, así como la división del barrio en dos mitades.
Como respuesta a la acción municipal, varias entidades, el 22 de noviembre del mismo año, forman la plataforma «SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR – CAP DE FRANÇA». El objetivo de estos está claro desde un principio, la oposición al proyecto de prolongación y la reclamación de un verdadero plan de rehabilitación urbana. Así empieza el conflicto que durará más de 15 años y que llevará a los vecinos del barrio a las calles para reclamar ser escuchados.
Desde un principio y ante la negativa del ayuntamiento a dialogar, la plataforma opto por las movilizaciones. El 5 de marzo de 1999 se organizó una al centro de la ciudad apoyada por 6.000 personas. En el año 2000, aún con la negativa hacia el dialogo, organizan una huelga de hambre bajo el lema “No a la destrucció. Sí a la rehabilitació”.
En el año 2001, la Plataforma inició la vía judicial, reclamando al Tribunal Supremo de Justicia Valenciano la ilegalidad del PEPRI mientras denunciaban en todas las instancias la degradación impulsada por la propia administración.
Pasan varios años en los cuales el proyecto depende de las decisiones judiciales, pero mientras tanto la Plataforma inicia una campaña apoyada por la ciudadanía y por los grupos de la oposición pidiendo que se activen todas las actuaciones del PEPRI que no impliquen destrucción: rehabilitación de viviendas, jardines, colegios…
El año 2004, El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) apoya la suspensión cautelar de las expropiaciones tras estimar las reivindicaciones de la Plataforma, pero el Ajuntament plantea un recurso y, en octubre de ese mismo año, el TSJCV concluye que la intervención es legítima. Pero la plataforma presenta un recurso ahora frente al Tribunal Supremo (TS) que aprueba cinco meses después. Las expropiaciones y derribos vuelven a suspenderse de forma cautelar.
El 13 de marzo de 2008, el TS resuelve el recurso contra la ampliación de la Avinguda Blasco Ibáñez y autoriza el derribo de las más de 1.600 viviendas. Poco después, de nuevo, se pausan los derribos. El mismo tribunal remite al Ministerio de Cultura una denuncia por expolio en El Cabanyal para que resuelva. Dicha noticia rearma la resistencia vecinal y desde la Plataforma se promueve la campaña “Fes soroll amb cultura”
Mientras tanto, dicha plataforma seguía organizando la lucha en las calles, llegando a organizar una manifestación bajo el lema“El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu” la cual llegó a reunir hasta 30.000 personas.
El 29 de diciembre de 2010, el Ministerio de Cultura resuelve la consulta y declara expolio el plan en El Cabanyal. Las demoliciones y expropiaciones quedan suspendidas. El grupo popular no acepta la resolución y varios días después, el gobierno autonómico presenta un Decreto-ley de urgencia, por el que retiran la condición de BIC a El Cabanyal y se autorizan los derribos. La respuesta del Gobierno un mes después fue clara, expuso un recurso de in-constitucionalidad que fue aceptado por el Tribunal Constitucional 10 días después.
El gobierno autonómico, en un intento de salir ilesos, deroga el Decreto-ley y hace una nueva Ley por la que se autorizan todas las “actuaciones arquitectónicas” del Plan. Dicha ley entró en vigor el 6 de abril y el día siguiente se procedió a los primeros derribos.
La Plataforma convoca a la ciudadanía junto a los partidos de la oposición a resistir a los derribos, se llegan a vivir momentos de gran tensión y con cargas policiales cada vez más intensas. El gobierno abre expediente por las cargas policiales el día siguiente y el Ajuntament se ve obligado a suspender los derribos, que nunca se llegarán a reanudar de nuevo.
Ahora empieza la segunda fase del conflicto, con el PEPEI paralizado y sin posibilidad de producirse más derribos, la plataforma continúa reclamando la paralización de la degradación pública.
Ya en el año 2015, todos los grupos políticos que se presentaban a las elecciones, menos el PP, firman el Manifiesto Conjunto de la Plataforma.
El 25 de mayo de 2015, después de más veinte años en el poder, el Partido Popular pierdes las elecciones en Valencia y, con el cambio de gobierno, comienza la reconstrucción del barrio. Al mes del 25M, el Plan del Cabanyal ya se encontraba derogado.
En julio de 2019, la Plataforma ponía fin a más de 20 años de lucha por el barrio. Se despedían con un mensaje claro que difundieron en las redes «Hemos salvado el Cabanyal», poniendo así fin al conflicto de la ciudad de Valencia.
Plan de El Cabanyal 